Igualdad

Print E-mail

Igualdad ante la ley.

“No he sido convencido de que el temor de los trabajadores [migrantes] del PTAT de la represalia son irracionales y deben por lo tanto ser descartados o no tomados en cuenta. Primero, señalaría que el Procurador General no refutó, de ninguna manera, el hecho de que los consulados y empleadores han maltratado gravemente a algunos de los trabajadores del PTAT. Este elemento en sí fundamenta una base racional para un miedo generalizado entre todos. En segundo lugar, el miedo puede ser una barrera incluso si no es racional. Sería demasiado pedir exigir a un grupo de individuos vulnerables, humildes, que viven en los márgenes de la sociedad que tomasen decisiones como si fueran agentes completamente racionales funcionando en un mercado perfecto de información e ideas. La pregunta no es si su miedo es racional. La pregunta apropiada es en esta etapa si su miedo, racional o no, impedirá que ejerzan este derecho.  Basado en la prueba presentada, me siento capaz de afirmar que la respuesta es positiva”.  – Magistrado Ducharme, Fraser v. Canada (Attorney General), 2005


Múltiples obstáculos dificultan el acceso de los trabajadores migrantes a las instituciones, tribunales y dependencias de gobierno encargadas de proteger sus derechos.  El estatus migratorio, el idioma, la ausencia de información, el aislamiento cultural y geográfico y la discriminación son factores que se combinan y provocan una vulnerabilidad jurídica mayor.

Si bien la mayoría de las instituciones en Estados Unidos y Canadá están obligadas a proteger a todos los trabajadores, sin importar su estatus  migratorio, lo cierto es que la amenaza de ejercer represalias, despidos y deportaciones se ha convertido en un instrumento en las manos de los empleadores para explotar a nuestros compañeros.  Los trabajadores migrantes se ven orillados a tolerar abusos, condiciones de trabajo insalubres o peligrosas, y violaciones a los derechos laborales con tal de asegurar un salario para sus familias.

UFCW está convencido de que el Estado tiene la obligación de proporcionar las condiciones necesarias para que los trabajadores migrantes puedan ejercer sus derechos.  Esta obligación va más allá de la letra de los contratos, leyes y programas que rigen la vida de los trabajadores.  Se trata de proporcionar, por ejemplo, servidores públicos capaces de atender las quejas de los trabajadores en su idioma, con celeridad y tomando en cuenta su situación migratoria particular.  Esto implica una acción positiva del gobierno y del legislador para garantizar el acceso a los tribunales administrativos, civiles y penales.  La colaboración entre todas las dependencias implicadas es indispensable, tanto como en el país de origen como en el de destino.

La UFCW se une a principales organizaciones de derechos civiles, laborales y de libertades civiles - UFCW establece demanda federal desafiando ley anti-inmigración de Arizona.

Estudio sindical revela precarias condiciones laborales de migrantes mexicanos. - Denuncian incumplimiento de contratos, violencia y falta de apoyo de autoridades consulares

La Jornada: Alertan sobre la falta de protección para los migrantes legales en Canadá. - Patrones presionan para que las leyes se modifiquen a su favor.